Hace alrededor de 40 años, llegaron a Madrid, atraídos por los cantos de sirena del desarrollo industrial, multitud de emigrantes procedentes de diferentes puntos de nuestra geografía. Lo que encontraron distaba mucho de lo que buscaban pero, lejos de rendirse, pusieron en marcha un amplio movimiento social que no sólo sería la herramienta para mejorar sus condiciones de vida inmediatas, sino que resultaría un elemento fundamental en la transformación de la sociedad en un sentido democrático. Nacía el movimiento vecinal.
Hoy, Madrid sigue siendo puerto de llegada para gentes de todo el mundo. Vecinos y vecinas de muy distinta procedencia que compartimos calles y plazas, puestos de trabajo y recursos sociales. Sin embargo, no compartimos el marco de derechos y libertades en el que se inscribe la condición ciudadana. ¿Cómo articular iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida en nuestros barrios y a construir un marco de ciudadanía en el que quepamos todos y todas?
La tendencia a integrar en la práctica de los gobiernos locales las reivindicaciones, discursos y la participación de los movimientos urbanos introduce la posibilidad de que el estado local se convierta en la instancia significativa de reconstrucción del espacio político y el significado social en plena crisis de la democracia representativa.
En este contexto, los movimientos sociales se ven impelidos a analizar cuáles son los retos y las posibilidades que esta tendencia les ofrece para, por un lado, evitar lo que se ha dado en llamar la “pasteurización” de la democracia participativa y, por otro, asegurar la generación de procesos de participación de la ciudadanía auténticamente democráticos desde la libertad de quien no aspira a tomar el poder, sino a recrear la sociedad, a reinventar un espacio regido por la solidaridad colectiva. En esta mesa se analizarán algunos de esos retos, explorarando, entre otras, las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha convertido en los últimos años en uno de los más proactivos defensores de los intereses especuladores del ladrillo. La desregulación y la prevalencia de los derechos de los propietarios de suelo, de los promotores y de los empresarios urbanizadores sobre la potestad pública de planeamiento urbanístico han producido la desaforada construcción de miles de viviendas, parques empresariales, centros comerciales, parques temáticos, estaciones energéticas y grandes operaciones viarias de acceso y circunvalación, cada vez más periféricas, dando lugar a un modelo de desarrollo urbanístico social, económica y medioambientalmente insostenible. Esta insostenible fiebre urbanizadora ha generado no pocos movimientos ciudadanos que luchan por conquistar la participación de la ciudadanía en la planificación urbanística y por articular lo local en defensa del territorio.
El progresivo deterioro del medio ambiente en el territorio de la Comunidad de Madrid ejemplifica cómo las declaraciones institucionales en pro de la sostenibilidad contrastan con la pasividad y la ineficacia de las políticas e iniciativas concretas que posteriormente se aplican. Entre sus múltiples efectos vemos como nuestros barrios y municipios sufren múltiples contaminaciones que afectan a la calidad de vida de sus habitantes.
A escasos kilómetros del centro de nuestra ciudad siguen existiendo territorios con importantes necesidades económicas y sociales. Barrios que se encuentran en desequilibrio social frente al resto de nuestra Comunidad y en los que aún queda mucho por hacer. A este panorama y, junto al proceso de privatización galopante de lo público en los últimos años, se añadirán los efectos de la crisis económica que estamos viviendo y que afectará en mayor medida a quienes más necesidades tienen.
Las políticas de equilibrio y bienestar social deben contribuir a dignificar estos barrios. Pero esta dignificación pasa por el reconocimiento de la dignidad de cada persona que los habita. En los últimos tiempos han surgido propuestas y estrategias desde lo público para abordar estas realidades: Ley de Dependencia, la Ley de Barrios catalana, etc. ¿Constituyen éstas una buena oportunidad para abordar en los próximos años la realidad que se nos avecina? ¿Qué planteamientos cabe defender desde las organizaciones ciudadanas y sociales?
Privatizar los beneficios; socializar las pérdidas. Esa es la piedra angular de la privatización de los servicios públicos que el Gobierno regional está imponiendo en Madrid. Un ataque directo a los mecanismos de redistribución de la riqueza que, durante años, han garantizado un acceso igualitario y universal de la ciudadanía a los servicios que garantizan derechos básicos como la educación y la sanidad. La conquista y ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, en condiciones de igualdad, fue consecuenica de la acción política de diferentes agentes sociales que tienen ahora el reto de “salvarlos” del tsunami privatizador....
El estallido de la burbuja financiera parece haber puesto fin a casi 40 años de mercados financieros cada vez más desregulados, con entes de control públicos colonizados por los banqueros, libre movimiento de capitales especulativos y el desarrollo de sofisticados instrumentos financieros que intensificaron el frenesí del casino global. Tras la explosión, la metástasis de la crisis ha afectado, sobre todo, a la clase trabajadora, sacudida por la desconexión entre la macroeconomía (caida de los precios financieros e inmobiliarios) y la economía real (subida acentuada de los precios de los artículos y servicios de primera necesidad) y abandonada por un Estado subalterno ahora obligado a intervenir. Hoy más que nunca, todo parece indicar que el progreso y el bienestar de la ciudadanía no descansa en la acumulación desaforada de beneficios, sino en la vertebración y estructuración económica de nuestro entorno, procurando la igualdad social y la inclusión laboral de todos y todas sin excepción.