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El sur plantea trece medidas básicas para el abaratamiento de la vivienda

Nadie parece poner freno a la escalada de precios de la vivienda, que se sitúa muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. La Plataforma por la Vivienda Pública en la Zona Sur insiste y lanza 13 medidas.

17-11-2004

Vivienda 

En una asamblea celebrada el pasado 14 de noviembre, la Plataforma por la Vivienda Pública en la Zona Sur, integrada por asociaciones de vecinos, grupos de mujeres, jóvenes y sindicatos de las poblaciones de la zona sur de la región, debatió y acordó una batería de trece medidas básicas para abaratar la vivienda que propondrán al Gobierno regional en un encuentro que mantendrán, junto con la Federación Madrileña de Municipios, con responsables de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid el 23 de noviembre próximo.
La Plataforma lleva meses recordando a la administración pública su obligación de garantizar el acceso a la ciudadanía a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución español. Subrayan que el excesivo encarecimiento de la vivienda ha creado una situación angustiosa, principalmente para los jóvenes. “La política de liberalización de suelo no ha conseguido abaratalo. Muy al contrario, han surgido acaparadores de suelo que manejan el mercado obteniendo unos beneficios que inciden prioritariamente en la subida del precio de la vivienda. En este contexto, son las administraciones publicas quienes tienen el poder de distribuir y regular el suelo garantizando el derecho a la vivienda.
He aquí las propuestas que pondrán sobre la mesa a los responsables de la Consejería la semana próxima:


Participación efectiva de la Plataforma de la Zona Sur en la elaboración de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Participación de la Plataforma en el Consejo Regional de la Vivienda y en la elaboración de un plan especial urbanístico para la región que contemple una reserva mínima de suelo para Vivienda de Protección Pública (VPP) no inferior al 60%. De igual forma, se contemplaría la recalificación de terrenos de espacios públicos, como cuarteles en desuso, terrenos de RENFE o polígonos industriales.

Aumento de la cesión del suelo a los ayuntamientos hasta el 15% destinado para VPP y protegidas.

Que la calificación de viviendas publicas sea de por vida, ejerciéndose el derecho de retracto por parte de las administraciones publicas e implicando a los notarios y registradores de la propiedad.

Que las administraciones públicas desarrollen y realicen mayoritariamente las viviendas de VPP.

Supresión de la subasta del suelo publico.

Potenciar la construcción de viviendas en alquiler y alquiler con opción a compra, cuya renta anual no supere el 5% del valor de la vivienda y siempre en función del poder adquisitivo de los demandantes.

Ampliar el plazo de la cuenta ahorro vivienda de 4 a 8 años.

Reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 7% al 2% en todas las VPP.

Entregas de las ayudas económicas en el momento de la adquisición, ya sea en alquiler o compra.

Reservar un porcentaje de terrenos para viviendas en intercambio, con el fin de facilitar el acceso a aquellas personas que, bien por su edad o por deficiencias físicas, y no pudiéndose adaptar sus actuales viviendas, necesiten de viviendas técnicamente accesibles.

Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la rehabilitación de viviendas antiguas de carácter VPP.

Reducción de todo tipo de tasas en VPP (aparejadores, notarios...).

Establecer medidas financieras, con créditos más bajos que reduzcan el grave efecto de endeudamiento familiar y que posibilite el acceso de los jóvenes a su primera vivienda.

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