La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) califica de “partidista” la decisión de la Defensora del Pueblo de defender la constitucionalidad de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones y denuncia que “no se preocupa de garantizar los límites y las medidas de precaución necesarias” para garantizar la salud de la ciudadanía ante la extensión de la red 4G.
En su escrito de respuesta a la petición trasladada por la PECCEM la Defensora del Pueblo reconoce la “incertidumbre científica sobre el riesgo” de la exposición a emisiones electromagnéticas de los objetos y artefactos que regula esta ley y destaca que la nueva norma contempla “las medidas de protección sanitaria, en especial para los colectivos más sensibles” que se desprenden del Informe Bioinitiative pero, por otro, no encuentra vulneración alguna del derecho de la salud ni piensa que prescinda del principio de precaución por no mencionarlo.
A juicio de la plataforma, la Defensora falsea la realidad cuando dice que los municipios carecen de competencias para regular estas cuestiones a pesar de que varias sentencias del Tribunal Supremo reconocen la potestad de ayuntamientos y comunidades autónomas de aplicar las mejores medidas posibles de protección de la salud.
En todo caso, la PECCEM advierte que continuará luchando hasta conseguir retirar la ley, tal y como han solicitado más de 46 ayuntamientos de 15 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana), dos diputaciones provinciales (Valladolid y Barcelona) y tres parlamentos autonómicos (Galicia, Navarra y Rioja).
Exigencia de imparcialidad a la Comisión Europea
Por otro lado, la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE) y el Grupo de Coordinación de la PECCEM remitieron un escrito a la Dirección de Salud Pública de la Comisión Europea reivindicando transparencia, imparcialidad y pluralidad de las evaluaciones de los expertos que forman parte del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (SCENIHR en inglés-), organismo clave en el marco europeo que, desechando interesadamente las investigaciones que muestran riesgos para la salud en la exposición a los campos electromagnéticos, dificulta gravemente la posibilidad de legislar en clave proteccionista.
La plataforma señala que de los catorce miembros que actualmente forman parte de este comité únicamente dos de ellos (T. Samaras y el N. Leitgeb) disponen en su curriculum de diversos trabajos referidos al área de los riesgos provocados por los campos electromagnéticos. Es más, uno de ellos, el profesor T. Samaras es consultor/asesor de la empresa de telefonía Vodafone, lo que “puede afectar de manera clara a su independencia en el tema que nos ocupa”.
La plataforma insiste en la necesidad de que el Comité contara con más miembros cuyo trabajo directo se relacione con el área de los campos electromagnéticos y sus riesgos, aspecto que realmente sólo cumplen tres de sus miembros.
