La gente que en Madrid necesita ayuda para comer llenaría la ciudad de Vigo

Cerca de 300.000 personas viven en situación de pobreza severa en la Comunidad de Madrid. Solo en la capital, al menos 106.000 vecinas y vecinos necesitaron acudir a bancos o a despensas solidarias de alimentos. Hasta el momento, las administraciones públicas han dado la espalda a un problema que, en palabras de las organizaciones que han firmado la Carta contra el Hambre ”es la vergüenza de la sociedad entera”. Todas ellas han redactado una batería de propuestas que la ciudadanía puede apoyar con su firma.

La gente que en Madrid necesita ayuda para comer llenaría la ciudad de Vigo
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Madrid se encuentra en situación de emergencia alimentaria: en 2014 al menos 106.000 personas tuvieron que acudir a bancos o despensas de alimentos. Ante la urgencia de incorporar el derecho a la alimentación en la agenda política y social, las 40 organizaciones sociales firmantes de la “Carta Contra el Hambre” convocaron el pasado 10 de abril la I Conferencia contra al Hambre en Madrid en la sede de la Comisión Europea en Madrid, una conferencia que presentó el periodista Fernando González González, más conocido como Gonzo (extracto de su intervención). 

En el transcurso del acto, recordaron que “todas las personas podemos ver los datos y estadísticas del hambre, pero son una generalización a la que hay que poner caras y nombres. En Madrid hay 300.000 personas en situación de pobreza severa. Si a la pobreza no le ponemos cara, y solo ofrecemos cifras, no podremos conseguir que esta ciudad deje de ser una de las capitales de la pobreza de Europa’. ‘Tener hambre -subrayaron- significa que todo lo demás es secundario’. ‘El hambre anula la facultades de las personas para obtener una vida digna de forma independiente: genera desigualdades insalvables. El hambre avergüenza. Es la vergüenza de la sociedad entera”.

El problema del hambre en Madrid es tan grave que “toda la gente que necesita ayuda para comer cada día llenaría la ciudad de Vigo, la ciudad más grande de Galicia”. El poder político debe, por tanto, “abandonar el negacionismo en el que se ha instalado”, “dejar de criminalizar y multar la pobreza” e “incorporar el problema del hambre en la agenda política”, una obligación derivada de la aplicación del artículo 9 de la Constitución y de la firma de varios tratados internacionales firmados por el Estado español”.

A largo plazo, las organizaciones que han suscrito la Carta contra el hambre exigen “un empleo digno, un sueldo justo, la renta básica” y un “combate decidido contra la evasión y el fraude fiscal” ya que “a mayor fraude, más hambre”.

Hasta el momento, el hambre en Madrid se ha podido paliar gracias a la solidaridad de la ciudadanía y a iniciativas horizontales que involucran a las personas perceptoras de ayudas y a las personas voluntarias, un hecho que “no puede ocultar la obligación de las autoridades”.

“No vamos a permitir que la administración delegue su responsabilidad en las redes de caridad convirtiendo a las ciudadanas y ciudadanos en sujetos en personas serviles que reciben la gracia de quien manda”, apuntaron. El objetivo de quienes trabajan día a día a pie de calle es “transformar a las víctimas de la crisis en protagonistas de la transformación del sistema que ha vulnerado nuestros derechos” y, sobre todo, exigir a las administraciones públicas que garanticen a la población su derecho a una alimentación adecuada, un derecho que en la ciudad de Madrid se podría garantizar con una dotación presupuestaria anual de 78,5 millones de euros, el 1,8% del presupuesto municipal en 2015. Esta reivindicación puede apoyarse firmando en http://www.exodo.org/actua-hambre-madrid/

Reclaman, además, un refuerzo de la cobertura de las ayudas económicas temporales y de emergencia social recogidas en la Ley11/2003 de Servicios Sociales de la comunidad de Madrid; la urgente reposición de las becas de comedor a fin de cubrir el 100% del coste para la familias en situación de emergencia alimentaria; la apertura de los comedores escolares en los períodos vacacionales y garantizar el cumplimiento del plazo máximo legal de tres meses en el reconocimiento del derecho a la Renta Mínima de Inserción para todas las familias que cumplan los requisitos.

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