Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Desde hoy, deberemos pagar un 1,5% más por el consumo eléctrico y un 5,7% más por el gas natural y las bombonas de butano. Sumados a los incrementos aprobados el pasado mes de enero, en 2011 pagamos por estos servicios un 11,3% y un 9,7% más, respectivamente. La FRAVM pide al Ministerio de Industria que controle las tarifas de los servicios básicos y que aplique criterios de progresividad basados en la capacidad adquisitiva y el consumo. Insiste, asimismo, en la necesidad de que abra espacios de diálogo con las organizaciones sociales para emprender un diseño racional y sostenible del mercado energético.

La FRAVM se adhiere al nuevo apagón de cinco minutos convocado por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) para el martes 15 de marzo a las 22h., fecha en que se celebra el Día del Consumidor. Quieren denunciar así, una vez más, los sucesivos incrementos aplicados a la tarifa eléctrica, que se ha encarecido un 40% en los últimos años.

Asociaciones vecinales, ecologistas, de consumidores, políticas y sindicales se adhirieron al apagón convocado para ayer a las diez de la noche con el objetivo de llamar la atención de las empresas energéticas y el Gobierno sobre los abusivos incrementos de la tarifa eléctrica que soportan los pequeños consumidores. El éxito de la iniciativa ha animado a programar una nueva convocatoria. Será el 15 de marzo.

Serán sólo 5 minutos. Pero si el próximo martes 15 de febrero -Día del Consumidor- toda la ciudadanía desconecta el diferencial de sus viviendas, las cinco empresas que gestionan el suministro eléctrico en España, las mismas que cargan en la factura de los pequeños consumidores el grueso del consumo eléctrico, lo notarán.

La sede de la la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ha sido el lugar elegido por el movimiento vecinal para poner de manifiesto su rotundo rechazo a los sucesivos incrementos aplicados a la factura de la luz. En una concentración celebrada esta mañana, han exigido la constitución de una mesa de negociación para el establecimiento del precio de la electricidad de la que formen parte, no sólo Gobierno y empresas eléctricas, sino también agentes sociales representativas de la ciudadanía.