Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Un juzgado madrileño ha reconocido la incapacidad permanente de una trabajadora que padece hipersensibilidad electromagnética y que, en adelante, tiene derecho a percibir una pensión. La pionera sentencia conquistada por Minerva Palomar, una infatigable activista que colabora con la FRAVM, pone de manifiesto la necesidad de modificar la legislación española que regula la protección ante la contaminación electromagnética. El Ejecutivo de Zapatero no puede seguir dando la espalda a las recomendaciones de la OMS y del Consejo de Europa.

Ante la noticia de que la OMS ha clasificado las radiofrecuencias como carcinógeno tipo 2 B y la posterior reacción de la Sanidad Pública española tranquilizando a los consumidores sobre el uso del móvil, la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), en la que participa la FRAVM, vuelve a exigir al Gobierno de Zapatero que regule las instalaciones emisoras de contaminación electromagnética aplicando el "principio de precaución", tal y como hacen países como Francia o Rusia.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) manifiesta su satisfacción por la aprobación de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), que está compuesta por decenas de organizaciones vecinales, sociales y ecologistas de diferentes comunidades autónomas, la FRAVM entre ellas, haciendo suya la reclamación de las asociaciones de afectados, reclama a las autoridades españolas y europeas el reconocimiento oficial como enfermedades de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la Electrohipersensibilidad (EHS).

La ordenanza municipal que regula la instalación de antenas y limites de inmisión y control en Leganés ya ha levantado las primeras ampollas. Hace unos días, tres operadoras de telefonía móvil -France Telecom, Telefónica y Vodafone- solicitaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión del acuerdo de pleno. La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, de la que forma parte la FRAVM, se ha puesto a disposición del ayuntamiento leganense para mostrar su apoyo a una ordenanza pionera que garantiza la salud de la población.