Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

La Asociación vecinal de San Fermín critica la inacción reiterada de los responsables municipales y reclama una solución a los problemas de movilidad y seguridad que generan los "macroeventos" que se organizan en la Caja Mágica. Y está dispuesta a realizar movilizaciones si el Ayuntamiento no pone en marcha las soluciones ante la inminencia del Mutua Madrid Open, empezando con un carnaval temático. Además, demanda su apertura a los vecinos de la zona para que pueda usarse como cualquier equipamiento municipal.

Las asociaciones vecinales de San Blas y la asamblea del 15M del distrito han decidido declararlo "libre de desahucios" con una manifestación que mañana recorrerá las calles del distrito. Al día siguiente, Patricia Tapia, una vecina de 28 años y dos hijos, de tres y un año de edad respectivamente, que sobreviven con los 399 euros de una ayuda estatal por desempleo serán desahuciados. Bankia, que se ha negado en todo momento a conceder la dación en pago, tratará de expulsarles de su única vivienda. La asamblea del distrito, las asociaciones vecinales y la PAH han convocado una acción de resistencia pacífica para evitar que Patricia y su familia se queden en la calle.

La cesión de una parcela pública de 26.000 metros para la construcción de un centro educativo dejando abierta la posibilidad de que sea gestionado por empresas privadas ha desatado todas las alarmas en Leganés. Asociaciones vecinales, asociaciones de madres y padres de alumnos, agrupaciones políticas y organizaciones sindicales han hecho un frente común para exigir que la parcela, ubicada en Arroyo Culebro, se destine a construir un instituto público, un compromiso que adquirió la consejera de Educación, Lucía Figar, con un barrio cuyos jóvenes se ven obligados a trasladarse a otros barrios del municipio.

El próximo 4 de marzo, decenas de asociaciones vecinales, en colaboración con las asambleas del 15M de distritos y pueblos de Madrid, ofrecerán a la ciudadanía la posibilidad de opinar acerca de la privatización del Canal de Isabel II a través de una consulta ciudadana. El objetivo de la iniciativa es promover el debate público que el Gobierno regional hurtó al aprobar la polémica medida mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, la famosa "ley escoba".  

Tras superar no pocos obstáculos, por fin el Congreso aceptó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por varias organizaciones para pedir una modificación legislativa que contemple la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el alquiler social de manera que las familias desahuciadas puedan seguir viviendo en sus casas en régimen de alquiler y a un precio que no supere el 30% de sus ingresos. La recogida de las 500.000 firmas necesarias comenzará en marzo. Sin embargo, antes es necesario conseguir el número suficiente de fedataria/os. Tenemos de plazo hasta el viernes 17 de febrero.