Concentración contra el expolio del patrimonio público

El pasado mes de junio, el Grupo Parlamentario Catalán de CIU y el PSOE pactaron una enmienda transaccional a la enmienda 368 en el Congreso de los Diputados por la cual el Gobierno se da un plazo de seis meses para actualizar "el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que, sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas, se liquiden definitivamente las deudas existentes entre la Seguridad Social y el Estado". A tal efecto, iniciará el procedimiento necesario para que “la titularidad de los bienes y derechos que el 1 de enero de 2011 formasen parte del patrimonio único de la Seguridad Social y estuvieran adscritos a las comunidades autónomas le será atribuida a éstas, en virtud de los correspondientes reales decretos de transferencia que se tramiten en los términos previstos en la normativa vigente”.

La Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (Cas-Madrid); Matusalen (Madrileño Tu Salud en Peligro) y el grupo de trabajo de salud-Sol calculan que el patrimonio de la Seguridad Social "conseguido durante décadas con las cuotas de l@s trabajador@s" supera los 600 inmuebles. Todos ellos serán transferidos a las comunidades autónomas que lo deseen, que "podrán venderlos o dedicarlos a un uso no sanitario" para "hacer caja". Lo podrán hacer de diferentes maneras, aseguran: "vendiéndolos a empresas privadas, como ya han anunciado en Cataluña, donde venderán los 7 grandes hospitales públicos por 300 o 400 millones de euros para luego `alquilarlos' para uso sanitario o simplemente vendiéndolos con fines especulativos".

Las coordinadoras convocan una concentración para cerrar la puerta, entre toda/os, a la posibilidad de vender el patrimonio público.