Sentencia histórica del Tribunal Supremo

Un Auto del Tribunal Supremo del pasado 28 de septiembre confirma la sentencia de Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia que condenaba a la empresa eléctrica Iberdrola por las emisiones electromagnéticas generadas por un transformador eléctrico en un domicilio. Los magistrados consideran probada la existencia de una inmisión electromagnética en el interior de un domicilio, basándose en la prueba de las mediciones efectuadas, y establecen criterios muy restrictivos, señalando que el valor límite de inmisión del campo electromagnético en el interior de vivienda debe ser nulo. Frente a esta resolución no cabe ninguna apelación.

La comisión de Antenas de Telefonía de la FRAVM califica de histórica esta sentencia en tanto marca un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación electromagnética de baja frecuencia producida por transformadores, subestaciones y líneas eléctricas. No en vano, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) incluye los Campos Electromagnéticos de Baja Frecuencia (ELF) como posible factor cancerígeno. Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señala que deben fomentarse estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas a emisiones que superen los 0.3 μTeslas (microteslas), umbral a partir del cual las emisiones pueden constituir aceleradores de cáncer.
La sentencia se suma a la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón de junio de 2005, que obliga a la empresa Iberdrola a retirar un transformador en la localidad de Burriana (Castellón) al considerar que existe un indicio razonable y significativo de que el nivel de exposición en las viviendas es un factor de riesgo de padecer cáncer, así como a la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid de una denuncia por contaminación electromagnética en Majadahonda (Madrid).

La comisión de Antenas de Telefonía Móvil, junto con la organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal contra la Contaminación Electromagnética, constituida el mes de septiembre pasado, demanda un cambio significativo en la Ley 97 del sector eléctrico, así como en los reglamentos sobre transformadores, subestaciones y líneas de alta tensión, de manera que se establezcan unos valores límite y unas distancias de seguridad de los focos de emisión de contaminación electromagnética que garanticen en todo momento la salud de las personas.

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